El gobierno de Estados Unidos prepara un cambio relevante en sus controles migratorios que impactará incluso a viajeros de países considerados aliados y de bajo riesgo. De acuerdo con planes del Departamento de Seguridad Nacional, ciudadanos de 42 naciones que actualmente pueden ingresar sin visa deberán proporcionar información detallada sobre sus redes sociales como parte del proceso de autorización para viajar al país.
Hasta ahora, estos visitantes solo necesitaban tramitar el permiso electrónico de viaje para estancias de hasta 90 días. Con la nueva propuesta, además de los datos habituales, se les pediría compartir nombres de usuario en redes sociales, números telefónicos y direcciones de correo electrónico, ampliando de forma considerable el nivel de escrutinio previo a su llegada a territorio estadounidense.
La medida deriva de una orden impulsada por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es reforzar al máximo los procesos de investigación y control de personas que ingresan al país. Según lo planteado, esta política entraría en vigor en febrero de 2026, salvo que sea impugnada antes en tribunales, y se sumaría a disposiciones previas que ya contemplan una vigilancia continua de titulares de visas.
En términos prácticos, los viajeros tendrían que declarar los perfiles de redes sociales utilizados en los últimos cinco años, así como los correos electrónicos empleados durante la última década. Aunque las autoridades sostienen que solo revisarían información de carácter público, los documentos oficiales también mencionan la posibilidad de incorporar datos biométricos y referencias familiares cuando sea técnicamente viable.
Especialistas en comportamiento digital han advertido que la logística de analizar millones de cuentas plantea serios cuestionamientos. Distinguir entre el contenido que una persona genera activamente y el que simplemente consume de forma pasajera resulta complejo, especialmente en plataformas donde los algoritmos muestran publicaciones sin que exista una intención clara del usuario de interactuar con ellas.
El argumento central del gobierno estadounidense para justificar esta política es la prevención del terrorismo y de posibles amenazas a la seguridad nacional. La orden ejecutiva señala que se busca identificar actitudes hostiles hacia el país, sus instituciones o sus valores, así como cualquier forma de apoyo a organizaciones consideradas terroristas, aunque estos conceptos han sido señalados como amplios y ambiguos.
Diversos analistas alertan que expresiones vagas podrían abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias, donde incluso un “me gusta”, una visualización breve o un contenido compartido sin respaldo real pueda convertirse en un factor de riesgo. Además, recuerdan que Estados Unidos ya utiliza herramientas de vigilancia apoyadas en inteligencia artificial para monitorear la actividad digital de extranjeros dentro de su territorio.
Finalmente, expertos coinciden en que aplicar este tipo de controles a gran escala implicará costos elevados y desafíos éticos importantes. Aun así, la iniciativa marca un nuevo endurecimiento en la política migratoria estadounidense y anticipa un escenario en el que la huella digital de los viajeros será cada vez más determinante para poder cruzar la frontera.
