La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la decisión de Donald Trump de imponer un arancel del 25 por ciento al petróleo de Venezuela, señalando que este tipo de sanciones económicas afectan principalmente a la población en lugar de castigar al gobierno de ese país. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró la postura histórica de la política exterior mexicana en contra de medidas económicas coercitivas, argumentando que afectan de manera desproporcionada a la sociedad civil.
Sheinbaum enfatizó que, antes de recurrir a sanciones económicas, los países deben priorizar el diálogo y la diplomacia como vías para la resolución de conflictos. La mandataria mexicana insistió en que este tipo de decisiones no solo repercuten en la economía de Venezuela, sino que también tienen efectos colaterales en otros mercados internacionales y en la estabilidad de la región.
Al ser cuestionada sobre si México aprovechará la restricción impuesta a Venezuela para expandir sus exportaciones de petróleo, Sheinbaum descartó esta posibilidad. Aclaró que la política de su administración se centra en el uso racional de los yacimientos nacionales, con el propósito de garantizar el abastecimiento interno de hidrocarburos y reducir la dependencia de importaciones.
El arancel anunciado por Trump también impactará significativamente a China, un país que ha sido uno de los principales compradores de petróleo venezolano. Según datos oficiales, Venezuela exportó 1.4 millones de toneladas métricas de crudo a China en 2024, representando un 69 por ciento de sus ventas internacionales. La relación energética entre ambos países se ha mantenido estrecha en los últimos años, con la asistencia técnica de la Corporación Nacional de Petróleo de China y la importación de insumos clave desde Irán para mejorar la producción venezolana.
El expresidente estadounidense justificó su medida alegando que Venezuela ha enviado a miles de delincuentes a Estados Unidos, en referencia al Tren de Aragua, grupo criminal que ha sido catalogado como una organización terrorista. En respuesta, Nicolás Maduro rechazó estas acusaciones y aseguró que la estructura delictiva ya no opera en su país, además de responsabilizar a exmandatarios de otras naciones latinoamericanas de facilitar la migración de estos grupos criminales.
