En el corazón de Oaxaca, la cotidianidad de los habitantes locales se transforma bajo la presión silenciosa de la gentrificación. Restaurantes con menús en inglés, terrazas restringidas para turistas y precios cada vez más altos en los centros históricos reflejan un cambio profundo en la vocación urbana. Fátima Santiago, una química farmacobióloga que reside en la ciudad, relata cómo los espacios preferenciales ya no están disponibles para los oaxaqueños. “Cuando queremos entrar a un restaurante con terraza, nos impiden pasar. Prefieren reservar esas áreas para los turistas”, asegura. Este testimonio ilustra una dinámica que se repite en otras zonas con fuerte presencia turística, como Tepoztlán o Cholula, donde el turismo no sólo ha cambiado la economía, sino también el acceso y disfrute del espacio público.
Este fenómeno, que va más allá de la simple llegada de visitantes, se relaciona con la terciarización: el reemplazo del uso habitacional del suelo por actividades comerciales. Aunque distinto a la gentrificación —donde hay un reemplazo directo de la población—, la terciarización también genera efectos similares al alterar el entorno barrial. En lugares como Tepoztlán, vecinos se han movilizado para evitar que antiguos hogares sean sustituidos por bares, mientras que en Oaxaca, muchas casas se convierten en hoteles boutique o galerías. La presión sobre la población original se traduce en aumentos en las rentas, encarecimiento de productos básicos y saturación de servicios públicos, con consecuencias directas en la calidad de vida de quienes han vivido ahí por generaciones.
Este proceso ha sido facilitado por la falta de una planeación urbana efectiva. Anteriormente, los municipios que aspiraban al nombramiento de “Pueblo Mágico” debían presentar estudios urbanos, planes de conservación y estrategias claras de manejo de recursos. Sin esos lineamientos, ahora cada localidad decide por su cuenta, lo que ha provocado una expansión acelerada del turismo sin controles. Urbanistas como Claudio Nieto advierten que, sin una normativa clara, las decisiones de desarrollo suelen favorecer a los nuevos inversionistas antes que a los pobladores. “Ya no hay nada que obligue a actuar en favor de la población”, lamentó Nieto, al explicar cómo este cambio silencioso ha sido impulsado más por intereses económicos que por proyectos comunitarios.
En muchos casos, el desplazamiento no ocurre por obligación legal, sino por presión social y deterioro de las condiciones de vida. Ignacio Kunz, experto en desarrollo urbano, señala que hay un efecto engañoso de voluntariedad. A los habitantes se les ofrecen sumas aparentemente elevadas por sus propiedades, aunque su valor real es mucho mayor. El resultado es una expulsión lenta pero constante de quienes no pueden seguir costeando su vida en estos centros turísticos. Mientras tanto, personas como Josué Ramírez, trabajador del sector restaurantero, notan cómo la preferencia por los visitantes extranjeros se normaliza incluso entre los empleados: “El trato es diferente. Aunque el dueño diga que hay que tratar igual, si no está presente, el mesero prioriza al que más deja propina”. Así, el turismo, que alguna vez se presentó como un motor de desarrollo local, se convierte en una fuerza de exclusión.
