El gobierno de Perú ha promulgado una controvertida ley que permitirá juzgar penalmente como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, tales como asesinato, extorsión u homicidio calificado. Esta decisión, oficializada mediante su publicación en el diario El Peruano, ha provocado una fuerte reacción de rechazo por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, quienes consideran que esta nueva legislación vulnera los principios fundamentales de protección a menores establecidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
Esta norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, eliminando el tratamiento diferenciado que hasta ahora se aplicaba a menores de edad en conflicto con la ley. Durante el debate legislativo, uno de los impulsores de la iniciativa, el congresista Alejandro Muñante, señaló que en el Perú actual, los adolescentes que cometen delitos violentos reciben un trato similar al de un niño, y consideró que ello fomenta la impunidad. El legislador fujimorista Fernando Rospigliosi respaldó la propuesta, argumentando que es común que bandas criminales recluten a menores para ejecutar delitos precisamente porque saben que la ley no los castiga con severidad.
Frente a esta reforma, el Poder Judicial expresó su preocupación en un comunicado oficial, en el que señala que esta ley introduce una visión punitiva que ignora la naturaleza en formación de los adolescentes. Según el documento, la legislación contraviene el artículo 4 de la Constitución, que otorga una protección especial a los menores, así como las normas internacionales que obligan a interpretar los derechos fundamentales conforme a tratados sobre derechos humanos. Desde su perspectiva, la norma vulnera marcos legales que deben prevalecer sobre decisiones de carácter interno.
El Ministerio Público también expresó su desaprobación ante la nueva legislación, recordando que en Perú ya existe un sistema de justicia juvenil que contempla sanciones severas, como internamientos de hasta diez años, pero bajo un enfoque resocializador. Esta visión reconoce que los adolescentes aún están en una etapa de desarrollo y deben ser tratados con medidas orientadas a su rehabilitación. Ambas instituciones advirtieron sobre el riesgo de que esta nueva ley priorice el castigo sobre la reintegración, en un contexto donde las políticas penales deben respetar el principio del interés superior del menor.
