Las manifestaciones iniciadas en Los Ángeles contra las redadas migratorias ordenadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han extendido rápidamente a por lo menos diez ciudades más en Estados Unidos, incluyendo importantes centros urbanos como Nueva York, Chicago, Washington y Filadelfia. Estas movilizaciones comenzaron después de que ICE realizara varias redadas en la segunda ciudad más poblada del país y sus alrededores, generando una ola de rechazo que ha movilizado a miles de personas en todo el país. La respuesta del gobierno federal ha sido firme, reiterando que continuará con sus operativos de aplicación de la ley, a pesar de las críticas y protestas.
En Nueva York, cientos de manifestantes se concentraron en Foley Square, un lugar emblemático donde están las oficinas federales de ICE y el tribunal principal de inmigración, para expresar su rechazo a las políticas migratorias. Aunque las protestas han sido mayormente pacíficas, la policía reportó múltiples arrestos el martes, en medio de tensiones entre manifestantes y autoridades. La postura del alcalde Eric Adams ha sido clara al condenar las tácticas violentas que se han observado en otras ciudades, señalando que este tipo de protestas no serán toleradas si se repiten en su jurisdicción.
En ciudades como San Francisco, las manifestaciones tomaron un giro más violento, con más de 150 personas arrestadas tras enfrentamientos cerca de una oficina de ICE. Hubo daños a edificios y vehículos, así como lesiones a agentes policiales. Pese a ello, el alcalde Daniel Lurie defendió el derecho a manifestarse pacíficamente, pero dejó en claro que no se tolerará la violencia ni la destrucción. Otros lugares como Filadelfia y Chicago también reportaron protestas masivas, algunas con arrestos y episodios de confrontación entre manifestantes y policías, reflejando la creciente polarización sobre la política migratoria estadounidense.
Mientras tanto, en Texas, estado gobernado por republicanos, la Guardia Nacional fue desplegada para mantener el orden ante las protestas planificadas en ciudades como San Antonio y Austin. El gobernador Greg Abbott enfatizó que las manifestaciones pacíficas son legales, pero advirtió que cualquier daño a personas o propiedad será sancionado. En Austin, la policía usó gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a cientos de manifestantes que lanzaban objetos a las fuerzas del orden. Esta postura refleja un contraste marcado con la situación en California y pone de relieve la división política y social que generan las medidas migratorias del gobierno federal en diferentes regiones del país.
