La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó la clausura temporal de 27 sitios en Quintana Roo, luego de detectar afectaciones a más de 331 hectáreas de vegetación forestal durante una serie de inspecciones realizadas en diferentes puntos de la entidad. Las acciones buscan detener actividades que implican la eliminación de selva y que se desarrollaban sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes.
El caso de mayor extensión se identificó en el ejido San Isidro Poniente, ubicado en el municipio de José María Morelos, donde los inspectores encontraron trabajos de desmonte en 25 predios. La superficie afectada alcanzó las 331.901 hectáreas, correspondientes a terrenos de selva baja y mediana subperennifolia, ecosistemas que forman parte de la riqueza natural de la región.
Las revisiones se desarrollaron en dos etapas. Durante la primera, realizada el 21 de octubre, se identificaron 22 polígonos con una superficie afectada de 304.863 hectáreas. Posteriormente, el 29 de octubre, se inspeccionaron otros tres terrenos en los que se documentaron 24.94 hectáreas adicionales de vegetación removida. También se encontraron trabajos relacionados con la apertura de caminos y modificaciones en el suelo forestal.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, en ninguno de los 25 terrenos inspeccionados se acreditaron los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para realizar cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Habitantes de la comunidad señalaron la posible participación de integrantes de un grupo menonita en estas actividades; sin embargo, la PROFEPA aclaró que dicha información deberá investigarse y que todavía no existe una determinación definitiva sobre las responsabilidades.
Las acciones de vigilancia también permitieron identificar otras afectaciones en el estado. En el Polígono Sur de Cancún se detectó la eliminación de vegetación secundaria en una superficie de 20 mil 980 metros cuadrados, por lo que se impuso otra clausura temporal. Asimismo, en un terreno colindante con la Laguna de Bacalar se suspendieron las obras y actividades del proyecto denominado Restaurante Los Rápidos, como parte de un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental.
La dependencia continuará integrando los expedientes correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas y determinar las sanciones, medidas correctivas o acciones de restauración que procedan. Entre los riesgos asociados con la eliminación de vegetación sin autorización se encuentran la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y la fragmentación de los hábitats naturales, por lo que las autoridades buscan evitar que las afectaciones continúen mientras se resuelven los procedimientos.
