Este martes 1 de septiembre entró en vigor en Yucatán un nuevo protocolo para prevenir y atender situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes dentro de las escuelas de educación básica. Las nuevas disposiciones, emitidas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), sustituyen al esquema que permanecía vigente desde 2020 y establecen un procedimiento más amplio para actuar ante posibles casos de maltrato, abuso, acoso y otras conductas que puedan poner en riesgo la integridad de los estudiantes.
El nuevo ordenamiento establece cinco etapas de actuación: detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento. Una de las principales modificaciones consiste en que la atención de un caso no deberá concluir simplemente con la presentación de un reporte, sino que las autoridades escolares tendrán que dar continuidad al proceso y verificar que las agresiones no vuelvan a ocurrir. Con ello, el protocolo incorpora expresamente medidas de no repetición como parte de la responsabilidad de los planteles.
Las nuevas reglas también contemplan situaciones en las que la persona señalada como responsable sea integrante del personal escolar. Cuando exista una sospecha, indicio o revelación de violencia, la dirección deberá levantar el acta correspondiente y podrá determinar la separación temporal de funciones de la persona señalada, como una medida preventiva para proteger al estudiante. El documento aclara que esta acción no representa una sanción definitiva y que en todo momento debe respetarse la presunción de inocencia.
El protocolo amplía además las conductas que deben ser identificadas y reportadas por el personal educativo. Entre ellas se encuentran el abuso y acoso sexual, hostigamiento, pederastia, violencia digital, grooming, ciberacoso sexual, sexting, sextorsión, violencia psicológica, negligencia y conductas autolesivas. También establece señales de alerta que pueden justificar la activación del procedimiento, incluso cuando el menor no haya expresado directamente que está siendo víctima de una situación de violencia.
Otro de los puntos centrales es que las escuelas no deberán realizar investigaciones por cuenta propia ni interrogar a los menores para obtener detalles de los hechos. Su función será brindar contención, registrar la información indispensable y canalizar el caso ante las autoridades competentes. Cuando exista la posibilidad de que los hechos constituyan un delito, la dirección deberá dar aviso a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán, además de informar a madres, padres o tutores.
Las disposiciones son aplicables tanto a escuelas públicas como particulares de educación básica, por lo que el cumplimiento de las nuevas reglas no corresponde únicamente a directores o supervisores. Todo el personal que labore en los planteles deberá identificar situaciones de riesgo y reportarlas por los canales establecidos. La normativa señala, además, que no activar el protocolo cuando corresponda puede generar responsabilidades para quienes tenían la obligación de intervenir.
El nuevo esquema fue elaborado con la participación de distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de las Mujeres. Su entrada en vigor marca así un cambio en la manera en que los planteles deberán responder ante posibles casos de violencia, con énfasis no sólo en la detección y atención, sino también en el seguimiento y la prevención de nuevas agresiones.
Fotografía: escena de un plantel educativo de Yucatán, utilizada por Por Esto! para ilustrar la entrada en vigor del nuevo protocolo escolar. La imagen está asociada directamente con la noticia publicada este 1 de septiembre de 2026.
